Doce razones para exigir la dimisión de Pedro Sánchez y Óscar Puente. La sucesión de los accidentes de Adamuz y Urda, con decenas de víctimas mortales en ambos casos, justifica exigir explicaciones políticas al máximo nivel, son 115 muertes, demasiadas. El Gobierno debe garantizar que los ciudadanos puedan utilizar el ferrocarril sin exponerse a riesgos que podrían evitarse mediante medidas de prevención adecuadas. Aunque las investigaciones deban determinar las causas concretas, el ministro responsable del sistema ferroviario debe responder por su gestión ante la ciudadanía. No basta con inaugurar nuevas líneas o presumir de alta velocidad. Es imprescindible mantener, renovar y revisar las instalaciones existentes. En el accidente de Urda se investiga una incidencia relacionada con los sistemas de señalización y una autorización de circulación. Es necesario determinar qué falló y por qué.

El Gobierno tiene que informar con claridad sobre las circunstancias de ambos accidentes, sin contradicciones ni conclusiones precipitadas. Los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer qué ocurrió, si existieron fallos evitables y quién debe asumir las responsabilidades correspondientes. Dos accidentes de esta magnitud en un mismo año pueden deteriorar la percepción de seguridad de un servicio público esencial. La modernización ferroviaria debe atender tanto a la construcción de nuevas infraestructuras como a la conservación y actualización de las existentes. La distribución de los recursos merece una revisión rigurosa. La exigencia de dimisión no necesita esperar a una eventual condena penal: puede fundamentarse en la pérdida de confianza política y en la necesidad de abrir una nueva etapa de gestión.

Pedro Sánchez es el máximo responsable político del Gobierno y debe valorar si la gestión del Ministerio de Transportes ha estado a la altura de sus obligaciones. No puede limitarse a delegar toda la responsabilidad en su ministro. Cuando se producen tragedias de esta magnitud, la continuidad de los responsables políticos debe someterse a un examen público exigente. Si se concluye que hubo deficiencias graves de gestión, la salida del ministro y la asunción de responsabilidades por parte del presidente serían decisiones políticamente coherentes. Ambos deben marcharse mejor dentro de una hora que mañana. Los dos están deslegitimados y no pueden perjudicar a su partido político.