El Gobierno reconoce al Comité Europeo de Derechos Sociales que es necesario cambiar la normativa para la condonación de deudas que genera la ley del Ingreso Mínimo Vital.

Los colectivos reunidos en el marco de la Oficina Jurídica de Derechos Sociales han recibido la respuesta del Gobierno en el procedimiento de diálogo abierto en relación con la Reclamación Colectiva n.º 241/2024 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), relativa al Ingreso Mínimo Vital y a las rentas mínimas autonómicas. El Comité Europeo de Derechos Sociales le había pedido pronunciamiento en relación con la reiteración de la paralización de los cobros reclamados a los perceptores, como medida inmediata antes del pronunciamiento de la Reclamación. En el pasado año, en julio, el Comité lo desestimó porque entendían que no se habían dado datos suficientes sobre la gravedad y la dimensión, dado lo excepcional de estos procedimientos, dando al Movimiento ATD Cuarto Mundo derecho a réplica. La organización reclamante y sus colaboradores en la Oficina Jurídica de Derechos Sociales informaron de los nuevos datos publicados tanto por la AIReF como por el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas, así como de los testimonios y documentación de afectados que no han dejado de recibir desde que se inició la reclamación hace dos años.

La documentación del caso figura en el portal del Consejo de Europa https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/no.-241/2024-international-movement-atd-fourth-world-v.-spain y los anexos complementarios han sido publicados por ATD Cuarto Mundo en España.

En este momento hemos publicado en la página de la Oficina Jurídica del Movimiento ATD Cuarto Mundo la contestación dada por el Gobierno, en la que se reconoce sólo parcialmente la necesidad de poner solución a la problemática, dejando fuera a los afectados hasta 2024.

El CEDS, órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea, examina las alegaciones de las partes y emite decisiones sobre la adecuación de las prestaciones y políticas públicas a los compromisos internacionales asumidos por los Estados signatarios. En este procedimiento, las entidades reclamantes confían en que el Comité adopte una decisión de fondo que permita corregir los incumplimientos denunciados y, en su caso, sirva de base para exigir su aplicación efectiva. A tal fin volverán a dar réplica, tal cual se les ha invitado, incluyendo la jurisprudencia de estos cinco años al respecto, la cual muestra la grave conflictividad judicializada, así como la información de la quinta Opinión de la AIReF, entre otros argumentos, que en su apartado de PROPUESTAS plantea la necesidad de disminuir las solicitudes de reintegro de importes causados por los importes indebidamente percibidos, con un cómputo de rentas mejorado en relación a la experiencia de países en Europa.

Las organizaciones lamentan que un procedimiento de carácter urgente se haya dilatado un año por la falta de contestación del Gobierno, y esperan que el Comité considere los nuevos elementos de las fuentes presentadas, dado que el Gobierno aún está en proyecto de cambio de este aspecto y es una voluntad sólo para los nuevos casos, sin tomar en cuenta el daño que representa para los

319.437 afectados contabilizados en este informe remitido, y que desde la experiencia de los afectados, puede estar por debajo del número real, dado que los expedientes tienen cinco años para ser revisados.

Más allá de esta controversia concreta, la reclamación colectiva pone en cuestión el modelo actual de rentas mínimas y exige una revisión profunda de la política de ingresos garantizados para asegurar condiciones de vida dignas, sin exclusiones ni penalizaciones injustas. Los colectivos reclamantes consideran que la respuesta del Gobierno deja sin resolver una situación que afecta a una parte muy significativa de la población en pobreza o exclusión social.