El Sindicat de Llogaters de Mallorca y el Comité de Huelga de Inquilinos denuncian el caos en la presentación telemática de las ayudas del alquiler y pide al Govern que amplíe también el plazo de la solicitud de las ayudas ordinarias, como ya hizo otros años y como ya ha hecho este año con las ayudas extraordinarias vinculadas al COVID.

Si bien el Govern Balear ha ampliado el plazo para pedir las ayudas extraordinarias del alquiler en relación al COVID, no lo ha hecho con las ordinarias, a pesar de que ambas son compatibles. El Govern dirige a los inquilinos al sistema telemático, sin poder hablar o consultar previamente con funcionarios y sin poder conocer a fondo todos los cambios que hay en las ayudas.

El Sindicato de Inquilinos no se creó para tramitar ayudas. De hecho, siempre hemos explicado que estas ayudas directas al alquiler animan a la especulación con el precio para subirlo o evitar caídas importantes como es el caso actual. Sin embargo, a pesar de nuestra posición y visto que los gobiernos tanto estatal como autonómico continúan y presumen de estas políticas especulativas nos hemos visto obligados a ayudar a nuestros afiliados a tramitarlas en la medida de lo posible, pues nos hemos visto desbordados.

La resolución del Conseller Marc Pons Pons sobre las ayudas es de 44 páginas difíciles de asimilar para casi cualquier ciudadano y los resúmenes son insuficientes para garantizar que el inquilino que tenga derecho a esa ayuda, pueda conseguir toda la documentación y pueda presentarla de forma efectiva a un sistema informático que da problemas, deja de funcionar, no se suben correctamente los archivos y toda una sin fin de problemas de los que el inquilino puede ser consciente o ni siquiera darse cuenta de que los documentos que ha escaneado y subido al sistema, han quedado en blanco o con menos páginas. La indefensión es tremenda y aunque haya plazos para subsanar a cada paso y complicación se quedan decenas y cientos de inquilinos por el camino.

El Govern podría argumentar que las ayudas ordinarias están en marcha desde un mes antes que las extraordinarias y es cierto, pero, durante el mes de junio aún estuvimos buena parte del mes en estado de alarma, con muchas familias en estado de shock, bajo acoso inmobiliario de los caseros, sin tiempo y sin acceso suficiente a la información. De hecho, cuando se abrieron los plazos aún estábamos en fase 2 de desescalada. Empezar a tramitarlas cuanto antes, era positivo para intentar paliar los impagos de las familias afectadas por los altos alquileres, así como por el COVID. Sin embargo, cerrarlo en menos de dos meses, supondrá que miles de inquilinas/os queden fuera por no poder presentar la solicitud.

De hecho, cada año, se generaban colas en los últimos días para entregar las solicitudes de ayuda, y luego para subsanar. Este año, las colas más largas se han transformado en la impotencia de los inquilinos por el mal funcionamiento del sistema telemático, la saturación del teléfono del IBAVI y la ignorancia de los inquilinos, puesto que muchos de ellos, pensaban que sin estar al día del alquiler como el resto de años, no podían tramitar las ayudas sin saber que este año era distinto en este y en otros puntos. Ni siquiera las oficinas anti-desahucios o los servicios sociales municipales de los pueblos estaban a menudo bien informados de los cambios en las ayudas, además de estar saturados ante la avalancha actual.

En los últimos años, el Govern ya sabe lo que es tener que ampliar los plazos para solicitar o tener que hacer convocatorias extraordinarias de repesca, con el fin de intentar rectificar graves errores en las ayudas que dejaban fuera de las mismas a los más desfavorecidos, como sucedió con las ayudas de 2018. De hecho, casi cada año el Govern suele prorrogar el plazo de las ayudas ordinarias por la saturación de las oficinas del IBAVI. Los Consells Insulars piden al IBAVI

más personal para tramitar las ayudas y cada año normal se dan situaciones caóticas y de exclusión de quienes más lo necesitan por distintas razones. Este año será igual o mucho peor a pesar de que hay un aumento de las ayudas, puesto que las familias no pueden adaptarse en tan poco tiempo a la nueva forma de funcionar de la administración y porque la necesidad ha crecido exponencialmente comparado con el leve aumento de las ayudas.

Para colmo, el Govern presume de que el IBDona destina un extra de dinero a las ayudas del IBAVI, pensando en el aumento de las víctimas de violencia en estos meses. Sin embargo, incorpora ese presupuesto a las ayudas extraordinarias, (cuya causa de impago debe estar vinculada a una reducción de ingresos por causa del COVID). O sea, que una víctima de violencia cuyos ingresos se han reducido por el COVID va a tener más posibilidades de ayuda del alquiler que una víctima de violencia de género que sufre insolvencia por haber sido sometida económicamente por su maltratador y al denunciarlo, tener que empezar de cero con una ayuda de 430 euros para sobrevivir, sin poder pagar el alquiler ni poder superar a la vez juicios y múltiples trámites en un momento tan difícil como este. Además, las cantidades destinadas por el IBDona son pequeñas y como todas las demás, insuficientes, pero, serían más eficaces si se prorroga el plazo para presentar las ayudas ordinarias y una buena parte de esa partida de dinero extra del IBDona se dedica a las ayudas ordinarias en lugar de a las extraordinarias.

El Govern puede rectificar fácilmente. Cada día que tarde en rectificar va a dejar más inquilinos e inquilinas a merced del acoso inmobiliario de los caseros especuladores. Es necesario un cambio radical en la política de vivienda, pero si el Govern no quiere hacerlo, por lo menos, que facilite el acceso a las ayudas en estas circunstancias, contrate más personal, habilite más oficinas, amplíe los plazos y aumente los recursos para paliar esta situación desastrosa.