Una medida improvisada y de graves perjuicios para el tejido empresarial. Paralizar todo trabajo no esencial y obligar a las empresas a dar a sus trabajadores un permiso real de 15 días retribuido recuperable, no favorece a la seguridad jurídica y empresarial.

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) quiere expresar su disconformidad con la medida adoptada ayer noche por el Gobierno nacional. Desde PIMEM se considera que esta decisión es improvisada y que puede provocar graves perjuicios económicos en el tejido empresarial de todo el país en un futuro próximo.

Entendiendo siempre y respetando que las razones sanitarias pueden provocar la toma de nuevas medidas, desde PIMEM no se comprende que estas no sigan la misma línea de las anteriores. Paralizar todo trabajo no esencial y obligar a las empresas a dar a sus trabajadores un permiso real de 15 días retribuido recuperable, no favorece a la seguridad jurídica y empresarial.

El momento en el que se ha decidido tomar esta decisión tampoco favorece a la organización y reacción de las empresas. Una medida de estas magnitudes y de obligado cumplimento que será a partir de este próximo lunes, no se puede anunciar un sábado.

Es más, con esta medida del Gobierno, se obliga a las pymes a asumir todos los costes laborales de los trabajadores. Esto imposibilita a de que dichas empresas puedan acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor. El Gobierno por tanto, está generando desigualdades entre los diferentes sectores empresariales. Entre aquellos que pudieron acceder al ERTE (educación, restauración, hoteles, comercios, etc) y los que no (metalurgia o construcción).

Las pymes perjudicadas por esta nueva decisión no podrán beneficiarse de las ventajas del ERTE por fuerza mayor. No podrán aprovecharse de la bonificación del 100% a las cuotas a la Seguridad Social y el pago por parte del estado del sueldo de los trabajadores vía prestación por desempleo.

Desde PIMEM también queremos hacer constar la atención sobre la rotura de la cadena de pagos en España. Esto provocará graves problemas de liquidez a corto plazo de las empresas. Otro bache que no favorecerá la recuperación de las empresas en un futuro próximo.

Tampoco ha gustado en el mundo empresarial la evidente falta de diálogo y de consenso con los agentes sociales. Es cierto que el esfuerzo debe ser por parte de todos: estado, empresas y trabajadores, pero cuando se van a llevar a cabo estas medidas económicas es necesario un consenso en las decisiones que se quieren tomar.